Prácticas ilegales
en la vida cotidiana
de un barrio marginal.
Por Raúl N. Alvarez

IX Congreso Nacional de Sociología Jurídica.
“De la ley a las prácticas. Confrontaciones
sociales por el uso del Derecho.”
Rosario 13,14 y 15 de Noviembre de 2008.
Sociedad Argentina de Sociología Jurídica.
Universidad Nacional de Rosario.
Comisión Nº 3: Delito, Castigo y Políticas de Seguridad.

La hipótesis que sostengo es que las prácticas ilegales forman una parte necesaria de las estrategias de supervivencia de la población de los barrios marginales. Ello se debe a que la variedad de necesidades insatisfechas, obliga a las personas que habitan estos barrios, a priorizar la satisfacción de lo básico, relegando a un segundo plano la cuestión de la legalidad o ilegalidad de estos modos de actuar.
La práctica del ilegalismo generalizado, vista desde el actor, encuentra entonces una racionalidad en el entramado de luchas macro y micro políticas que sostienen las desiguales relaciones sociales existentes. Esta racionalidad de las prácticas ilegales, deja a la vista, la inadecuación formal de las normas jurídicas positivas. El modo de vida de la población marginal, que dentro del esquema funcional del capitalismo globalizado es un elemento “sobrante”, queda así calificado como ilegal, en las relaciones de poder que el derecho expresa.- El derecho de unos, deja en la ilegalidad a los “otros” sobrantes.
En una primera parte voy a presentar los conceptos con los que desarrollo el trabajo: la marginalidad, el tipo particular de marginalidad del conurbano bonaerense, diferente del de los países centrales, y el concepto de práctica ilegal. Este último concepto, de raíz foucaulteana, voy a confrontarlo con la noción de ilegalidad y de derecho dominantes. Se tratará, en todos los casos, de un recorrido conceptual sucinto, limitado al objetivo de explicitar las herramientas conceptuales de trabajo.
En una segunda parte, que considero principal, voy a describir el caso concreto analizado: el Barrio 8 de Mayo, de José León Suárez, Partido de General San Martín, de la Provincia de Buenos Aires. Referiré brevemente las características e historia del barrio, para luego presentar los distintos tipos de prácticas ilegales que sus habitantes llevan a cabo diariamente para garantizar su subsistencia.
El método que utilicé para recoger la información es lo que se llama observación participante: a partir de mi involucramiento en la acción territorial como “abogado” de la organización, durante algunos años, pude recoger un bagaje de información y efectuar un conjunto de apreciaciones que forman la base empírica de este trabajo.
Finalmente, para cerrar voy a retornar a la hipótesis del comienzo, tratando de relacionar marginalidad, estrategias de subsistencia y derecho.


Los conceptos:
a) Marginalidad. Una conceptualización desde la periferia pobre। Diferencia con Castel.

Larissa Adler de Lomnitz sostiene que “la marginalidad se define estructuralmente por su desvinculación con el sistema de producción económico urbano industrial” (Adler, 2003:22). Esto significa que no se trata de un estadio transitorio hacia la inserción laboral. Y que tampoco se explica esta situación como “ejército de mano de obra de reserva” por una supuesta función reguladora de la tasa general de explotación del trabajo. En el contexto latinoamericano, esta marginalidad se da acompañada de extrema pobreza, de modo que la subsistencia material no se obtiene a través del mercado, sino a través de mecanismos redistributivos (Estatales, sociales) cuando llegan –si es que llegan- y básicamente a través de redes de intercambio recíproco (vecindad, amistad, parentesco, etc.).
Con fines puramente instrumentales, entonces, concibo la marginalidad como aquella masa de población o porción de la sociedad capitalista latinoamericana que al quedar excluida del mercado, debe desenvolver estrategias de subsistencia alternativas, a través del entramado de redes de relaciones sociales existentes en el medio en que vive (Svampa, 2004).
A partir de la aplicación de políticas de ajuste neoliberal, esta marginalidad territorializada, conforma una parte sustancial de la sociedad. Queda desplazada por debajo de la propia clase trabajadora, excluida incluso de ser considerada ejército de mano de obra de reserva (Marx, 2008, T.I, C.XXIII, 3: 380) Sobrevive fuera del mercado, y solo se conecta con éste a través de algunas “bisagras” (Schamber y Suárez, 2007: 38). En el caso de la Argentina específicamente, la sociedad capitalista queda dividida en dos grandes sectores: el integrado y el marginal. El mundo integrado funciona a partir de la dialéctica interna de explotación/ dominación y tiene como sentido la apropiación del excedente económico por los sectores /clases sociales dominantes. En tanto que el mundo marginal funciona a partir de la dialéctica integración/ exclusión, con relación al primero y tiene como sentido neutralizar la potencialidad política de la masa marginal, de modo que los sectores dominantes puedan reproducir su apropiación del excedentes y su hegemonía, dentro del mundo social de la integración.
Entre el sector integrado y el marginal existen puntos de comunicación, de intercambio y de inflexión. Son bisagras que articulan la subsistencia de una masa marginal, con el desarrollo de una estructura social de clases antagónicas en el campo integrado de la sociedad capitalista.
La masa marginal, para el modelo de acumulación neoliberal es población sobrante. Su óptimo económico sería “dejarla morir” (Focuault, 1996: 194). Pero esta tendencia no es expresa sino tácita, dado que sería inaceptable un consenso explícito acerca de semejante política. Lo que se intenta, entonces, es un acoplamiento como porción marginal neutralizada: integrar a los excluidos en tanto excluidos.
El concepto de marginalidad que manejo en este trabajo, es sustancialmente diferente de la noción de desafiliación o fragilización (Castel, 2005: 4) que tiende a explicar la marginalidad en los países centrales. El marginal argentino no es un desocupado, cubierto por un subsidio estatal cuyo principal problema es conseguir un nuevo buen empleo y capacitarse para ello, mientras esquiva la depresión psicológica que le produce una situación de “paro” transitorio. Al contrario, la marginalidad argentina es una situación estructural, permanente, masiva, sostenida desde el estado, y productora de redes de subsistencia e identidades sociales cuya potencialidad política es objeto de permanente disputa.

b) Práctica ilegal y derecho.
Por prácticas ilegales entiendo aquellas estrategias de subsistencia que llevan a cabo los individuos de la población marginal, que son calificadas como ilegales por el orden jurídico positivo. Para satisfacer sus necesidades básicas, esta masa de población desenvuelve un conjunto de acciones, en un entramado de redes sociales, que se encuentran por fuera de la circulación del mercado capitalista del sector integrado de la sociedad. En esta red de vínculos, el objetivo prioritario está puesto en la reproducción de las personas, en la satisfacción de sus necesidades básicas. La cuestión de la calificación legal de éstas, es un asunto secundario para los actores. Se desenvuelve así un tejido social marginal que el derecho “oficial” de la parte integrada de la sociedad, califica como violatorio de las normas positivas vigentes.
Al referir el término “necesidades básicas” no me limito a las necesidades vitales primarias, sino a una suerte de “piso” de requerimientos socialmente considerados como necesarios, que incluye el acceso a ciertos niveles de consumo, a medios de comunicación y a ciertos bienes fetichizados (como el teléfono celular) impuestos por el mercado y aceptados como “necesarios”.
El derecho no está conformado solo por la ley formal sancionada por el estado. Es más bien un componente, un aspecto –jurídico- de las relaciones sociales. Cada relación social tiene aspectos económicos, jurídicos, políticos, simbólicos, etc. En tanto la inmensa red de relaciones sociales es a la vez un complejo de relaciones económicas y políticas, el sentido del poder que circula por las mismas deja su marca en la calificación jurídica de las conductas. No obstante esta calificación ilegal, como esa relación material se encuentra orientada hacia cuestiones más prioritarias, el aspecto jurídico solo es relevante como marca del poder que viene de arriba, enfrentado con la resistencia material de quienes luchan por su supervivencia y llevan a cabo esas acciones de todos modos.
Dicho en términos de Foucault: El derecho es algo impuesto por unos contra los otros, solo un aspecto instrumental en la lucha que se libra al nivel de la materialidad política de los cuerpos (Foucault, 1991: 87).
Contra esta visión, la concepción dominante del derecho, postularía la descalificación de estas prácticas como ilícitas. Diferenciando lo que es la ley y su violación, el orden y la transgresión. La corriente formalista de las ciencias jurídicas, desarrollada a partir de la confrontación ser/deber ser de origen kantiano, que tiene como continuador iusfilosófico a Kelsen y que encuentra en Weber su referente sociológico, concibe el derecho como un orden jurídico formal cuyas vinculaciones internas son imputaciones de validez. Para esta tendencia dominante, la vinculación entre forma jurídica y práctica social es una cuestión irresoluble (Cerroni 1965:31) que es sobrellevada mediante categorías relativizadoras. Para Kelsen, por ejemplo, la eficacia es un presupuesto de la validez del derecho, pero “Para que un orden jurídico nacional sea válido es necesario… que los hechos sean, en cierta medida, conformes a este orden” (Kelsen 2006: 115). En términos semejantes, plantea Weber que para la sociología jurídica, la categoría de derecho implica que “exista en grado prácticamente importante la probabilidad de que una norma válida sea observada a consecuencia de la existencia de aquella coacción jurídica.” (Weber 1997: 253). En ambos autores el paso del deber ser al ser es remedado a través de un artificio probabilista y ecléctico ¿Qué se entiende por “en cierta medida” o “en grado prácticamente importante”? Más bien parece tratarse de recursos prácticos para evitar fundar un hecho que se da por supuesto: que el derecho regula la vida social. A partir de allí, la formalización de esas regulaciones, que en Kelsen llevan a purificar la ciencia jurídica y en Weber a explicar la función de calculabilidad racional que el derecho aporta a la acción. De acuerdo a esta visión el derecho tendría entonces una función “reguladora” de las relaciones sociales, externa a éstas, dando por supuesto que las prácticas se desenvuelven de acuerdo a la prescripción jurídica, que su trasgresión es sancionada coactivamente, y que éste funcionamiento es una función positiva al orden social.

Si la típica de la filosofía jurídica burguesa separa por un lado el deber ser formal consagrado en las normas positivas sancionadas por el estado, destinadas a regir un universo de inmediatez cosificada, y por otro lado la “facticidad de una situación jurídica… fundamento de su validez” (Lucaks, 1970:36), lo que ocurre con las prácticas ilegales de la población marginal, es que la facticidad de la situación jurídica no fundamenta sino que antagoniza con la validez legal formal.


El campo.
El Barrio: El caso que nos ocupa es conocido como “Barrio 8 de Mayo”, ubicado en Avenida del Libertador y Camino del Buen Ayre, Barrio Libertador, José León Suárez, Partido de General San Martín, en la zona Noroeste del Conurbano Bonaerense. Se encuentra emplazado frente a la entrada del Relleno Norte III del CEAMSE. Hacia un lado se encuentra “Villa Lanzone”, de la que se encuentra separado por un zanjón. Hacia el otro lado se encuentra el asentamiento “Nueva Esperanza” del que está separado por una laguna artificial. La entrada del asentamiento es por la Avenida del Libertador, la arteria principal del propio “Barrio Libertador”, del que se encuentra separado por una calle de asfalto.
La acción de asentamiento, acto político fundacional del barrio, tuvo lugar el 8 de Mayo de 1998. La misma fue posible por la particular coyuntura política que atravesaba el Municipio de General San Martín, que abrió una disputa entre diferentes dirigentes del Partido Justicialista local, situación que habilitó que algunos “punteros” y gente de diferentes zonas, emprendieran esta acción y pudieran sostenerla con éxito, aún contra el cerco policial, y la total ausencia de servicios básicos.
Los terrenos sobre los cuales se efectuó el asentamiento funcionaban como un basural clandestino, administrado por un puntero justicialista de la zona, que cobraba (y repartía entre sus padrinos) una comisión por cada descarga ilegal de basura. El primer conflicto que debió enfrentar este barrio fue justamente conseguir que no siguieran entrando camiones de basura y la descargaran sobre las precarias viviendas de la gente recién asentada.
De este proceso de asentamiento, resistencia y lucha, surge la organización territorial del Barrio, articulada a partir de delegados de manzana. Esta organización fue delineando la distribución de espacio sobre el territorio asentado, que fue diagramado en manzanas y terrenos. En virtud de ello, el barrio es un asentamiento y no una villa. Un asentamiento tiene calles, manzanas y terrenos. De modo que cada vivienda es edificada, sobre un terreno propio, lo que permite dejar espacios libres, entradas de luz, ventilación, etc. No presenta el hacinamiento propio de una villa en la que las viviendas o los ambientes son adyacentes unos a otros, se ingresa por pasillos, y crecen de manera espontánea sin planificación alguna. Esto lleva a la distribución laberíntica de las villas. El asentamiento, en cambio, a tener una cuadrícula y mayor disponibilidad de espacio, es menos proclive a la tugurización, más accesible a la instalación de servicios urbanos básicos, permite la circulación de automóviles, los terrenos tienen un creciente valor de reventa, con lo que los vecinos son más proclives a realizar construcciones de material y mejoras, que contribuyen a un proceso que va transformando el asentamiento en un tipo de urbanización más cercana al estándar de un barrio obrero.
El Barrio 8 de Mayo comprende 16 manzanas, en las que viven 1300 familias aproximadamente, estimándose su población en unas cinco a seis mil personas. El principal ámbito común del desenvolvimiento de la vida barrial es la organización territorial, que originalmente se componía del conjunto de los delegados por manzana, y que hoy funciona como asociación civil “Proyecto Comunitario 8 de Mayo”. Si bien en los primeros años del barrio, la acción de lucha por excelencia de la organización fue el corte de ruta, desde el año 2004 en adelante no se ha utilizado esta medida, restringiendo su actuación a la participación barrial, la distribución de subsidios y prestaciones sociales de origen estatal, la realización de talleres y la motorización de emprendimientos sociales y organizativos de nuevo tipo. El emprendimiento más importante es una planta de separación de basura, de pronta inauguración, ubicada el CEAMSE, que va a ser operada por la propia organización barrial con criterios socio-productivos sumamente originales.
Con la consolidación del asentamiento, y el mejoramiento de la situación socioeconómica general de la economía Argentina, el barrio fue cambiando. Buena parte de sus ocupantes originales vendieron sus parcelas a migrantes de origen paraguayo. Estos nuevos adquirentes, en general, han realizado construcciones de material de buena calidad. Suelen trabajar solidariamente y en conjunto, lo que deja a la vista su rápido crecimiento. Pero son poco propensos a participar de las actividades barriales, de modo que la organización 8 de Mayo, si bien tiene un fluido contacto con ellos, no logra contenerlos.
Las características socioeconómicas generales del Barrio son la pobreza, el desempleo generalizado, la desvinculación casi completa de cualquier cobertura social de salud. Rara vez se encuentra un vecino con empleo en blanco. Los que consiguen trabajo, lo hacen en al construcción o en el servicio doméstico. La mayoría vive de changas, y sobre todo, del cirujeo. Buena parte de la población subsistió históricamente del cirujeo en la quema, es decir, en el relleno de basura del CEAMSE, cuya entrada se ubica del otro lado del Camino del Buen Ayre. El tránsito y estacionamiento de carros y carretas de cartoneros y sus caballos es parte del paisaje cotidiano en 8 de Mayo. La población sufre todo tipo de enfermedades, de las que no existe un registro sanitario ordenado. Su seguimiento depende de la buena voluntad del personal del Centro de Salud nro. 6 de Barrio Libertador, ubicado a unas diez cuadras del asentamiento.


Prácticas ilegales.
Las principales prácticas de ilegalismo observadas son las siguientes:
Ocupación ilegal de tierras: Esta es la acción fundacional del barrio. El asentamiento se crea a partir de una acción política de asentamiento, que puede ser entendida como el modo espontáneo por el que lo sectores populares cubren sus necesidades de vivienda ante el cierre de acceso que el mercado de tierras presenta, y la ausencia de acción pública al respecto.
Pero no se trata de cualquier tierra. Hubieran querido, lo ocupantes originales que su suelo hubiera sido de tierra. Al momento del asentamiento, ese lugar era un basural clandestino, cubierto por varios metros de basura en descomposición. La acción de ilegal de asentamiento, se inscribe así en una trama de ilegalidad preexistente, y entra en disputa con los poderes (ilegales) de hecho que existían sobre ese mismo territorio (Shammah 2007).
Si bien esos poderes de hecho, en algún momento son derrotados por la organización territorial, desde entonces, los pobladores de 8 de Mayo van a cargar con la desventaja de ser “ocupantes ilegales”: no tienen títulos, no están habilitados para pedir servicios, no entra el correo a repartir correspondencia, etc.
Enganchados de la luz y del agua: Tanto el tendido de la red de distribución de energía eléctrica como de la red de agua corriente original (que solo funciona parcialmente) se encuentra “enganchado” ilegalmente de las redes oficiales de las empresas de electricidad y de agua.
El tendido de los cables de electricidad fue “arreglado” con personal vinculado a la empresa que “conseguía” y cobraba por cada conexión domiciliaria. Es una suerte de pequeña empresa ilegal, que provee los cables oficiales de Edenor y los postes, luego los tiende, e instala el cable de entrada de electricidad en cada domicilio por el valor de $ 180 por casa. Claro está que no requiere del vecino la preparación de medida de seguridad, planos ni documentación de ningún tipo.
Esta es la manera más económica –y la única- que tiene los vecinos de acceder al fluido eléctrico, dado que con un pago de $ 180 se evitan el pago periódico de la factura de electricidad. El problema que presenta es que en períodos de algo consumo, la luz se corta, justo en el horario en que más se necesita. Por épocas se realizaban cortes desde las 19 hasta las 24 horas, todos los días. Pero vale aclarar que estos cortes también los sufre el barrio de al lado, el “Barrio Libertador” que si paga la luz.
La red de agua fue “enganchada” clandestinamente de la red oficial. Fue tendida por los propios vecinos de manera precaria. En muchas veredas y calles se observa el caño a la vista. Presenta pinchaduras en buena parte de su recorrido, lo que produce una mezcla con la basura allí enterrada y contamina toda la red de agua. Se considera que ese agua no es potable en 8 de Mayo.
Durante el verano, cuando disminuye la presión de agua en toda la ciudad, en 8 de mayo se corta el agua. De ahí que este servicio sea considerado parcial en este barrio.
Asimismo, la red no cubre todas las manzanas y no entra a todas las casas. Para sobrellevar esta situación, en la puerta del comedor de organización, está instalada una canilla pública, de la que los vecinos sacan agua mediante baldes y bidones.
Desde ya que el servicio de provisión de agua es gratuito.

Empresa de Video Cable Trucha: Al lado de los cables de electricidad corren los cables de una empresa clandestina de videocable. Esta empresa toma ilegalmente la señal de la empresa de cable oficial, y lo redistribuye en el barrio. Para ello cobra –a Marzo de 2008- $ 40 por casa. Y si el vecino abonado no paga, el personal de la empresa procede a cortar el cable, del mismo modo que lo haría una empresa legal. Demás está decir que los vecinos se enganchan entre sí del cable. Es decir que roban señal a la misma empresa que se los provee ilegalmente.
Pero este negocio está en franca disminución. Ya fue interrumpido en los barrios aledaños. No porque las respectivas empresas hayan sido descubiertas y sancionadas, sino porque la empresa Cablevisión adoptó una medida más dura: codificó / digitalizó la señal, de modo que ya no puede ser robada –al menos hasta ahora- por las pequeñas empresas clandestinas.

Perforación comunitaria de agua clandestina: Como durante el verano la red no provee agua, la organización consiguió un subsidio municipal y con ello realizó una perforación e instaló una bomba, que provee agua a dos tanques comunitarios, que alimentan cinco canillas públicas, ubicadas a un costado del comedor del Centro Comunitario. Este servicio comenzó a funcionar en el verano del año 2008. La organización se vuelve a convertir en la proveedora central de servicios vitales para los habitantes del barrio. Reemplaza así la función que se supone habría de cumplir el Estado. Para ello se ve obligada a recurrir a la violación del artículo 6 del reglamento del usuario (Resolución 83/98 del ETOSS) que prohíbe el uso de perforaciones particulares para obtener agua de las napas, en la zona cubierta por el servicio de agua corriente. Paradojalmente, para llevar a cabo esta acción ilegal, pero vital, cuenta con el apoyo de otra rama de la organización estatal, que el Concejo deliberante, políticamente enfrentado con el Intendente Municipal.

Ilegalidad de las condiciones de trabajo: solo una minoría de los pobladores del barrio tiene trabajo asalariado “en blanco” (debidamente registrado). Y solo unos pocos más consiguen trabajo “en negro” (no registrado). La mayoría del trabajo en negro de los hombres se realiza en la construcción, por lo que es inestable y temporario. Las mujeres, por su parte, suelen conseguir trabajo como empleadas domésticas, en casas de familia, también en negro.
Buena parte de la población en edad laboral activa se ocupa en “changas”, es decir en tareas transitorias, sin ningún tipo de registración. Y la otra porción significativa, se desempeñan como cartoneros o cirujas, una actividad informal por excelencia, que fue “inventada” por los propios trabajadores marginales, que de tanto andar, terminan haciéndose un medio de vida. Una subespecie de estos cirujas, son los quemeros, o personas que cirujean en la quema. Diariamente entran al relleno del CEAMSE cercano entre 500 y 1000 personas, procedente de los barrios marginales ubicados al costado del Camino del Buen Ayre, uno de los cuales, el más cercano, es 8 de Mayo. La particularidad actual de estos “quemeros” que cirujean en la quema, es que son en su mayoría chicos. Existe aquí una superposición de ilegalidades: trabajo no registrado, trabajo infantil, sobre territorio prohibido, sobre objetos cuya facultad de apropiación no está jurídicamente clarificada, y que se realiza en condiciones sanitarias infralegales.

Indocumentados: Buena parte de los pobladores de 8 de Mayo no tiene documentos. Hay dos grandes subclases de indocumentados: los extranjeros (sobre todo paraguayos) que permanecen en el país sin tener regularizada su situación, y los no inscriptos.
Sobre este último caso he desarrollado mi principal actividad en la organización, patrocinando casos de inscripciones de nacimiento fuera de término. Se trata de personas cuyos nacimientos nunca fueron inscriptos. No tienen certificado de nacimiento, y en consecuencia, tampoco tienen documento de identidad, por lo que no pueden acceder a ninguno de los derechos que requieran de la acreditación de identidad para ser ejercido. En su mayoría son menores de edad, niños y adolescentes, que no pudieron ser inscriptos en razón de la situación económica, social y familiar de sus padres.
Estas personas ven afectado seriamente el desempeño de su vida cotidiana, y llegan en algunos casos a internalizar pautas de conducta en función de esta situación. Como no tienen documentos, tratan de no salir del barrio donde son conocidos. Si son detenidos por la policía tienen problemas para recuperar su libertad dado que no pueden ser identificados. Entonces, de motu propio, por precaución, reducen su libertad ambulatoria. Al cabo del tiempo, se nota que no conocen las localidades de alrededor, no viajan a la Capital Federal, desconocen el uso del transporte público de pasajeros, etc. Cuando llegan a la edad laboral, no pueden conseguir trabajos remunerativos. Si tienen hijos, éstos a su vez no pueden ser inscriptos, con lo que el problema se amplifica.

Marcas Truchas: La adquisición y uso de vestimenta que presenta marcas falsificadas es un hecho común en 8 de Mayo. No es novedad que esta es una práctica extendida en el consumo de los sectores populares. Esto ha dado lugar a la instalación de grandes ferias, la más conocida de todas “la salada”. Pero en todo el conurbano se forman ferias informales de este tipo. Las más cercanas a 8 de Mayo son la “Fericrazy” ubicada sobre Ruta 8, y la feria de fin de semana que se forma sobre Avenida del Libertador, en el barrio homónimo. Lo notable es que todos saben que la marca de esas prendas está falsificada. La ropa sería igualmente útil sin dicha marca. Pero la fetichización de la marca llega a tal punto que resulta preferible una prenda con marca “trucha” a tener la misma prenda sin marca.

Venta de terrenos “sin papeles”: Tal como dijimos al comienzo, la ocupación de la tierra es de carácter ilegal. Dichos inmuebles, inexistentes en el Registro catastral, carecen a su vez de escritura de propiedad. Pero ello no obsta a que los terrenos las viviendas en ellos edificados, sean vendidos o alquilados. Se produce así un tráfico jurídico sumamente informal. Muchas veces las casas son vendidas “de palabra”. En otras se suscribe un precario “boleto”. La mayoría de los alquileres son “sin contrato” como suelen decir. ¿Son lícitos estos contratos, si la apropiación original es ilícita? Sostengo que si. La base del derecho de los ocupantes es la posesión, reconocida por los arts. 2351, 2363 y 2377 del Código Civil Argentino. El dato que es relevante a los efectos de nuestra investigación, es que la práctica jurídica de los sectores populares, en este caso, corre por fuera de los tipos contractuales establecidos por el mencionado código. Si bien en este caso pueden encuadrarse en alguna figura residual, como la de “cesión de derechos” es indudable que la generalización de estas prácticas y la costumbre dan lugar a una figura jurídica que el código no contempla.

Ilegalidad impositiva: No estamos descubriendo nada nuevo, si recordamos que esta población no paga impuestos directos de ningún tipo. Ni impuesto a la propiedad inmobiliaria, ni Tasa Municipal de Alumbrado, Barrido y Limpieza. Las actividades que desarrollan, por su parte, no tributan ni el impuesto a los ingresos brutos ni el impuesto a las ganancias.

Acción política ilegal. Si bien han abandonado la práctica del corte de rutas desde 2004, no puede dejar de mencionársela, dado que ha sido la principal herramienta de lucha de la organización barrial, y la que les ha permitido constituirse como tal. Sin avanzar en esta práctica calificada como ilegal por los poderes establecidos, no hubiera siquiera sido posible la existencia del barrio.

Venta de bienes de origen ilegal. Es común la venta y circulación de bienes usados entre los pobladores del barrio. Estas transacciones no hacen diferencias acerca de la legalidad de origen de los bienes. De modo que al comprar un teléfono celular usado, una bicicleta, o un televisor, la mercadería que se traspasa bien puede tener origen en hechos delictivos, sin que tal situación sea tenida en cuenta por quienes la adquieren. La ventaja que presenta para los pobladores, es que el precio de los productos es sensiblemente más bajo que el que se paga en los ámbitos de comercialización habituales.

Inaccesibilidad policial y judicial. La zona, al igual que la mayoría de los asentamientos y villas, está caracterizada como “de alta peligrosidad” por la Oficina de Mandamientos y Notificaciones del Departamento Judicial San Martín. De modo que los Oficiales de Justicia no ingresan al Barrio y devuelven las diligencias indicando que se debe contar con el auxilio de refuerzos policiales para su efectivización. Por su parte, la policía, suele poner obstáculos cuando llega el momento de practicar diligencias en esta zona. Y en general, existe poco patrullaje policial en el lugar. Del lado de los vecinos, por su parte, se observa una actitud defensiva respecto de la policía, a la que no consideran un agente del orden sino un personaje privilegiado en la práctica de la ilegalidad. Los casos de corrupción policial, sumarios “dibujados”, abusos de autoridad, y “gatillo fácil” hacen que la presencia policial en el lugar sea resistida.

Delincuencia profesional: Finalmente encontramos el mundo del delito profesional propiamente dicho. 8 de Mayo parece caracterizarse por un bajo nivel de presencia de estos personajes. El fuerte poder territorial de la organización barrial funciona de alguna manera como paraguas protector que impide el arraigo de mafias como sí existen en otros barrios aledaños. No obstante ello, es sabido que conviven en el barrio jóvenes dedicados al robo, al tráfico y consumo de drogas, y a actividades delincuenciales en general. Sobre todo en horas nocturnas, el barrio se convierte en un territorio de cierta inseguridad, aún para quienes lo habitan.


Conclusión:
El relato de los hechos observados, es sin duda el principal contenido de esta ponencia. Un ejercicio ciertamente catártico, para quienes estamos acostumbrados a vivir en el sector social integrado de la Argentina. Muy pocos de los conceptos jurídicos que sirven a la práctica profesional habitual del abogado pueden ser de aplicación directa en el ámbito de la marginalidad.
Las prácticas ilegales relatadas, no solo son reales, sino que para constatarlas basta con dirigirse a cualquier otro barrio marginal del Conurbano Bonaerense. Por asombroso que pueda parecer, estas personas desenvuelven su vida en una red de relaciones que en buena medida son calificadas como ilegales por el orden jurídico positivo. La primera observación que nos surge es acerca de la racionalidad de estas prácticas. No se trata de “conductas desviadas” que pretenden atentar contra el orden establecido. Sino que expresan la necesidad vital de alimentarse, subsistir y reproducirse. Es la vida misma que para perdurar, se ve obligada a transgredir las marcaciones que la ley positiva le impone. Es la fuerza de la vida contra el derecho, que en caso de aplicarse, sería un camino hacia la muerte. La práctica ilegal generalizada en la marginalidad, es una opción racional por la vida.
La segunda conclusión es que el papel que juega el derecho entonces, no es el de un ordenador imparcial y previsible. No se trata de un poder público estatal universal, sino que ante la población marginal de las sociedades capitalistas latinoamericanas, el derecho y el estado aparecen como el poder de “los otros”, contra “nosotros”. La ley está marcada por el poder, en un juego desigual, en el que por el solo hecho de respetar las reglas, el marginal está destinado a perder, es decir, a dejarse morir.
La marginalidad, entonces no es un conglomerado de “anormales” y “desviados” que han optado por la senda de “la mala vida”. Al contrario, en el territorio social de la marginalidad, se inventan y construyen permanentemente estrategias de subsistencia alternativas al mercado capitalista, que forman un entramado social complejo y diferenciado de la sociedad “integrada”, y que requiere ser visto “desde abajo” para comprenderlo.
En tercer lugar, por obvio que parezca, hay que destacar que las prácticas de ilegalismo que se observan en el modo de vida cotidiano de la población marginal desmienten el supuesto de que lo jurídico rige lo social. Al contrario, la población marginal desenvuelve sus prácticas de subsistencia en contra de las prescripciones del derecho positivo. Este es su modo habitual y corriente de desempeño. Y el derecho vigente es un obstáculo que se le sobreimpone esporádicamente.
Nos surge entonces una pregunta conclusiva ¿Por qué el estado y el derecho dejan subsistir a una parte de la población en un territorio demarcado como ilegal? ¿Cuál es el sentido estratégico de ilegalizarlos? Como el estado de derecho no puede “matar” por acción, se limita a dejar morir por omisión. Si la población marginal subsiste es gracias a su propia resistencia creadora. Frente a la cual, el poder estatal solo puede marcarla como ilegal, con el efecto funcional de dejarlos en la inseguridad. A la pobreza material y simbólica, se agrega entonces la inseguridad jurídica. El marginal siempre es un extranjero en la ciudad integrada, parece otra raza, y es tratado como tal. Forzosamente queda a la defensiva ante los poderes del estado y de las clases dominantes, de modo que desde el principio, esté destinado a perder.

Raúl N. Alvarez. Otoño – Invierno 2008.


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