jueves, octubre 23, 2008

Quemeros en el CEAMSE .
De la micropolítica del cirujeo
a la macropolítica de la basura.
Por Raúl N. Alvarez
[*]

2da JORNADA NACIONAL DE CIENCIA POLÍTICA
Los desafíos de la Ciencia Política de cara al Bicentenario
Río Cuarto, Córdoba, República Argentina
30 y 31 de octubre de 2008.
FACULTAD DE CIENCIAS HUMANAS
Dpto. De ciencias Jurídicas, Políticas y Sociales


Introducción - Resumen.


En la Zona Norte del Gran Buenos Aires, funciona un relleno perteneciente al CEAMSE conocido como Norte III[1]. Actualmente opera en la jurisdicción de Campo de Mayo, pero su ingreso se realiza por José León Suárez. Allí se entierra la basura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y de buena parte de los 34 partidos del Conurbano Bonaerense. A ese lugar ingresan diariamente cientos de personas, a buscar “mercadería”, es decir, comida u otros materiales de valor, como plástico, metales, cartón y papel.
Los quemeros proceden de la población marginal de los alrededores, y hacen de esta actividad su principal estrategia de subsistencia. El CEAMSE ha implementado un fuerte dispositivo policial de seguridad en torno al basural. Hubo un período de encarnizada lucha corporal por el acceso a la basura. Pero desde el año 2004 se permite la entrada de los quemeros durante una hora por día.
Esta política de permisividad con el cirujeo en el relleno es un aspecto de un viraje más general en la política de basura, que parece tender a transformarse en una política de minimización y recuperación, intentando reducir el enterramiento.
Sostengo en este trabajo que el caso de los quemeros nos permite combinar el análisis micropolítico, localizado de estas luchas, con el análisis macro de la política de basura a nivel del Estado, enlazando de este modo la basura con el proceso de valorización y acumulación del capital. Para ello utilizo una mirada interpretativa que tiende a desfetichizar las nociones de basura y de Estado, que en esta perspectiva no son una cosa o un sujeto, sino entramados de relaciones sociales. En esta red de relacione sociales, los quemeros son objeto de “basurización” es decir son los que sufren las relaciones de dominación, se encuentran subordinados, y en tanto que excluidos, son explotados económicamente. Del otro lado de esta relación, si bien aparece el Estado, el verdadero antagonista es la clase dominante, propietaria de los medios de producción, beneficiaria económica de estas relaciones, cuyo influjo de poder es decisivo sobre la naturaleza de la acción estatal y sobre los procesos simbólicos de normalización que se corporizan a través de la basura, en perjuicio, no solo de los quemeros, sino de todo el colectivo social.
En el aspecto metodológico, corresponde aclarar que la información fue obtenida a través del acompañamiento de algunos de los grupos involucrados en el propio terreno que analizamos. A través de esta acción participante, he reunido información periodística, y bibliográfica, he participado en reuniones, y he realizado observaciones. Esta vinculación me permitió finalmente acceder a entrevistas individuales a quemeros y a referentes territoriales, que realizo periódicamente a modo de seguimiento del caso. Es menester señalar que la labor de investigación no la pienso como un fin en si mismo, sino integrada a un proceso más amplio que incluye el acompañamiento profesional y la participación activa en el proceso de movilización que implica.


El caso de los quemeros de J.L.Suárez.
El principal relleno del CEAMSE se encuentra en la zona Norte del Gran Buenos Aires. Su emplazamiento fue registrando desplazamientos a medida que se fueron completando los distintos módulos. El llamado Relleno Norte III, actualmente en operaciones, se ubica en Campo de Mayo, y su entrada tiene lugar por el camino del Buen Ayre, en la zona de J.L.Suárez, donde se ubican también populosos asentamientos de población marginal. De estas barriadas proceden los quemeros, que concurren al relleno durante una hora por día, de lunes a sábado.
Desde que se abrió el primer relleno en el año 1978, se tiene recuerdo de que la existencia de algún tipo de actividad recuperadora en el lugar. Pero con el deterioro de las condiciones de vida generado por las políticas neoliberales en la década del 90, la actividad se generalizó.
¿Qué buscan los quemeros en el relleno? Principalmente “mercadería”, esto es, comida, descartada por las empresas por no tener condiciones necesarias para su comercialización. El principal motor de búsqueda es el hambre y la satisfacción directa de necesidades. Si no se encuentra comida, entonces se busca objetos aptos para el reuso (teléfonos, electrodomésticos, ropa, herramientas, etc.). O se junta materiales aptos para la reventa como cartón, papel, metal, plástico, etc. A medida que en años recientes aumentó el precio de las materias primas, la búsqueda de materiales cobró mayor importancia dentro de esta actividad.
Dado que se trata de una actividad que es tenida por ilegal, en la medida que a fines de los 90 se generaliza, el Estado intenta evitarla , adoptando medidas de seguridad y dispositivos represivos, tanto legales como ilegales[2]. La policía bonaerense se transforma en un actor de peso en el lugar. Los quemeros tratan de proseguir su actividad clandestinamente, en horarios nocturnos, a veces enfrentando y a veces huyendo de la policía, que aplica golpizas, privaciones de libertad, sustracción de materiales, disparos de armas de fuego, etc. Los quemeros cuentan además con el apoyo de las organizaciones territoriales de los barrios aledaños, que hacia el año 1999/2003 hacen del corte de ruta su principal instrumento de lucha política.
En marzo de 2004 el aparato represivo montado entre el CEAMSE y la Policía se cobra la vida de un quemero, Diego Duarte[3], que es “desaparecido” en el basural. Este hecho, que toma estado público a través de la prensa, desata un enfrentamiento abierto entre los quemeros y el Estado, que deriva en un cambio de orientación de la política estatal. Cambia la táctica de lucha. Se reduce la represión y se abren canales de negociación y cooptación sobre los quemeros (Alvarez, 2006).
Desde entonces y hasta el presente, los quemeros ingresan una hora por día, de lunes a sábado, bajo vigilancia armada policial, en un horario predeterminado. El CEAMSE regula la entrada de camiones y el enterramiento de mercaderías, de modo que los quemeros solo encuentren los materiales que la dirección operativa deje a su acceso. Si bien el CEAMSE intenta desalentar –sin reprimir- la actividad de los quemeros, el valor de los objetos y materiales recuperados por estos es tal, que su trabajo les sigue siendo conveniente.
Empalmando la táctica de cooptación y neutralización de los quemeros con un cambio en la política de basura, desde el 2004 hasta ahora, el CEAMSE ha encarado un proyecto de creación de plantas de separación de basura[4]. Las hay de dos tipos: de capital privado y de tipo social. Estas últimas, son entregadas a organizaciones territoriales de la zona, a condición de que cesen en su enfrentamiento con la empresa, y sobre todo, que no corten más el camino del Buen Ayre. La táctica fue exitosa, dado que desde el año 2004 no se ha vuelto a cortar esta autopista. Se han puesto en funcionamiento –aunque informalmente- cinco plantas, y se está a punto de inaugurar otras dos más. A lo que se suman las plantas privadas, que también se valen de mano de obra de la misma extracción social.
De modo que en la actualidad, si bien hay varios cientos de quemeros que entran diariamente al relleno, hay otros tantos que se desempeñan como recuperadores en plantas de separación. ¿Cuál de las dos actividades es más conveniente para el recuperador? No existen estudios que puedan cuantificarlo. Según la información recogida, el cirujeo en la quema parece más conveniente desde el punto de vista económico porque permite el acceso directo a alimentos, a objetos reutilizables, y a materiales que a precios actuales de mercado permiten obtener un ingreso dinerario mayor al salario de quienes se desempeñan en las plantas. Pero a su vez las plantas, si bien no pagan bien el trabajo, y se ven envueltas en un conjunto de sospechas por carecer de organización jurídica y contable suficientemente transparente, son una promesa, a futuro, de integración social, de contar con aportes jubilatorios y servicios de salud.

Cirujeo, fuerza de trabajo y relaciones de clase.
Una cuestión que vale la pena preguntarse es sobre la caracterización del trabajo de los recuperadores en cuanto a las relaciones de clases que encarnan y su lugar en la estructura social. Desde la perspectiva marxista tradicional suele caracterizárselos como ejército industrial de reserva (Marx, 2008) Los cirujas, cartoneros y quemeros, serían una porción de la clase trabajadora que el capital, para maximizar su explotación, deja fuera de la relación salarial, pero cuya presencia sería necesaria para regular hacia la baja el costo de la mano de obra industrial (Villanova, 2008). Disiento con esta conceptualización porque no comprende acabadamente la significación cultural y política del cirujeo en el entramado de relaciones de clases del capitalismo periférico.
El ciruja se ubica en los márgenes de la sociedad, desenvuelve un perfil cultural diferente del proletariado, que al contrario, pertenece –como elemento subordinado- a la parte integrada de la sociedad capitalista. Este carácter marginal es lo que lo lleva a “inventar” valor (Suárez, 2001) allí donde todos han descartado basura. A partir de su pulsión vital –y no de su inserción disciplinaria- establece relaciones de reciprocidad (Adler, 2003) en las que el marginal deviene recuperador, y se hace un lugar para sobrevivir en la sociedad capitalista. Es cierto que al vender el producto de su trabajo entra en relaciones mercantiles, pero esta ubicación no puede ser explicada desde el concepto de obrero industrial. El recuperador se conecta al mercado mediante “bisagras” (Schamber – Suárez, 2006) que son ajenas a la relación salarial, que reproducen su lugar de exclusión a partir de una relación de producción que no es capitalista. De allí que tenga una potencialidad política y una dificultad organizativa distinta del horizonte obrero industrial.

Política de Basura:
Hasta el año 1978 el método de tratamiento de basura utilizado era la incineración. A partir del 1 de Enero de ese año, el gobierno militar prohibió esta modalidad, y estableció el método de enterramiento de basura, conocido en la jerga técnica como “relleno sanitario”[5]. Las reglas técnicas de esta modalidad indican que en determinadas zonas se forman “módulos” esto es, se hace una excavación, y se le coloca un aislante para que la basura no tome contacto con el terreno. De modo que al depositarse allí la basura, va a desprender líquidos, y va a colar otros fluidos que vienen desde la parte superior, que se acumulan sobre el fondo del módulo. Estos líquidos, de acuerdo al diseño técnico, son retirados y procesados antes de ser devueltos a los cursos de agua. Por su parte, la descomposición de la basura libera gases, para los que se instalan conductos que los hacen llegar a la superficie. En años recientes, se comenzó a quemar estas emanaciones gaseosas, reduciendo así el potencial efecto invernadero de los mismos, lo que le valió al CEAMSE recibir los llamados “Bonos del Carbono”, fijados por el protocolo del Kyoto a favor de quienes establecen mecanismos de desarrollo limpio.
Pero más allá del diseño hipotético de este método, lo cierto es que produce efectos colaterales no previstos que resultan perjudiciales para el ambiente[6]. Pese a que la Empresa (CEAMSE) lo niega, en las zonas cercanas a los rellenos las napas de aguas subterráneas están contaminadas y el aire también. Como consecuencia se generan enfermedades y daños a la salud de los vecinos de alrededor. Esto ha llevado a decidir el cierre de los rellenos de Villa Domínico y Punta Lara. En González Catán existe un movimiento de vecinos y familiares de víctimas de la contaminación producida por el relleno, que han logrado de las autoridades provinciales una promesa de futuro cierre. El único relleno que no ha sufrido reclamos de este tipo es el de Zona Norte. Al contrario, José León Suárez es la única localidad en la Provincia de Buenos Aires que está dispuesta a recibir basura porque la considera una fuente de recursos.
El enterramiento de basura es una actividad económicamente perdidosa, un servicio por el que los municipios deben pagarle al CEAMSE un arancel. Esta empresa estatal, cuyo nombre real es “Coordinadora Ecológica Metropolitana Sociedad del Estado”, es una de las pocas empresas estatales que atravesó todo el período neoliberal de la década del 90 sin ser privatizada. Es una empresa bi-jurisdiccional: pertenece por mitades a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y a la Provincia de Buenos Aires. Recibe basura domiciliaria, y basura comercial e industrial asimilable a la primera, de la Capital y de todo el Conurbano Bonaerense. ¿Por qué no fue privatizada? Porque es una actividad pública, subsidiaria de la actividad privada. El criterio que la rige es el de absorber, en el ámbito público, sustancias contaminantes y actividades perdidosas, de modo de permitir a la actividad privada la libre acumulación de ganancias.
En años recientes la política de basura y con ella el CEAMSE entraron en crisis. No solo crecieron las denuncias y reclamos por los daños ambientales producidos, sino que surgieron un conjunto de movimientos sociales locales, reclamando el cierre de los rellenos. Ante el cierre de Villa Domínico y la perspectiva de cercano final de Punta Lara y González Catán, el Gobierno de la Provincia está a la búsqueda de nuevos lugares para enterrar basura. Pero cada lugar que se proyecta genera un movimiento “NIMBY” (Not in my back yard – no en mi patio trasero), como es sobre todo el caso de Brandsen, pero también de General Rodríguez y otros más.
Simultáneamente, tanto el gobierno nacional como el capitalino y el provincial, fueron variando su política de basura, cambiando el postulado del enterramiento por el de la minimización: reducción de la cantidad de basura que se genera; y de la recuperación: reuso y reciclaje de materiales y objetos. Para ello se dictaron, en las respectivas jurisdicciones, distintas normativas (Ley Nacional 25916, Ley 13592 de la Provincia de Buenos Aires, y las Leyes 992 y 1854 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que consagran esta aparente intención, e incorporan de manera algo vaga la figura del cartonero, rebautizado “recuperador” como otro agente más de la política de basura, ahora denominada “Gestión Integral de Residuos Sólidos”. La calificación de integran supone la inclusión de la minimización y recuperación dentro de sus lineamientos de gestión.
El conflicto planteado en el área que nos ocupa, entre otros antagonismos sociales más profundos, enfrenta al Estado Provincial con el Estado de la Ciudad Autónoma. De un lado, la Ciudad sostiene que carece de espacios adecuados para instalar rellenos en su territorio, de modo que remite toda su basura al territorio provincial. En tanto que la Provincia es la que se ve obligada a sostener en su área geográfica los problemas de contaminación que despiertan la contestación de los movimientos vecinales. Por otro lado, la decena de miles de cirujas que recorren diariamente las calles de la Ciudad de Buenos Aires, proceden mayoritariamente de la Provincia. Entra también en la discusión otras políticas interconectadas de ambas jurisdicciones, como el sistema sanitario de la Ciudad, al que los habitantes de la Provincia recurren en proporciones significativas por ser de mejor calidad que el de su lugar de residencia. Durante el corriente año 2008 hubo importantes enfrentamientos por estas cuestiones entre ambos Gobiernos[7], y la Basura está instalada en un lugar preferente en la agenda oficial.

Basura.
La denominación “Basura” connota una uniformidad sustancial que no se condice con la materialidad del objeto al que refiere. En verdad, en la basura no se encuentran sino un conjunto de objetos y sustancias mezcladas, cuyo común denominados es haber sido descartadas como basura.
La decisión de convertir un objeto en basura pasa por la apreciación de su valor. Cuando quien lo posee considera que para él ha agotado su valor de uso, y que su valor de cambio residual no justifica su puesta en circulación, se desprende del mismo, introduciéndolo en el circuito de la basura. Pero esta apreciación del generador (industrial, comerciante, ama de casa) en torno del valor del objeto, es subjetiva, basada en el lugar que ocupa dentro de la estructura social. Y no obsta a que desde otro lugar de la estructura social, o en otro punto de la circulación de basura, esos objetos descartados puedan ser re-apreciados. Por ejemplo, cuando una familia de nivel medio “saca a la calle” una bicicleta vieja porque “ya no le sirve”, y después es “levantada” por un cartonero, que con unos pocos arreglos, las puede seguir usando. O cuando se descartan como basuras cajas de cartón vacías, que luego son recolectadas por los cartoneros para su venta al depositero.
Para desentrañar la dimensión económica de los objetos que son convertidos en basura, hay que pensarla como un complemento de la propiedad. Un objeto permanece en el ámbito privado del propietario en tanto le pueda extraer utilidad, ya sea para su uso o para su venta. una vez que le extrajo todo el provecho posible, cuando ese objeto ya no le reporta beneficios sino molestias, cuando solo tiene un valor negativo, entonces el propietario lo excluye de su área privada, y lo descarta como basura en el sistema público. De este modo, el sistema público de basura absorbe los restos perdidosos y negativos de la propiedad privada. Basura y Propiedad son dos caras de una misma moneda. Si se generó basura es porque hubo un propietario privado que se benefició.
En este sentido, recalco que la basura no es una sustancia, sino un fetiche (Marx, 2008) es decir, algo que parece un objeto, pero que esencialmente oculta un entramado de relaciones sociales desiguales. Si la propiedad es un relación entre un propietario y un número indeterminado de no propietarios en la que el propietario puede impedir a todos los demás el acceso a su objeto material[8]; la basura es la relación contraria: un propietario deriva en todos los demás, en el colectivo, personificado en el Estado, la responsabilidad de hacerse cargo de aquellos objetos de valor negativo, a los que él ya le extrajo toda utilidad.
También hay una relación encubierta entre basura y consumo. Lo característico de la sociedad de consumo es que los sujetos adquieren y utilizan objetos para obtener una gratificación sustituta o “desublimación represiva” (Marcuse, 1985) que los aliena de si mismos, a la vez que impulsa la demanda de bienes, que retroalimenta la acumulación de capital. La basura no solo es el “resto” residual de este funcionamiento estructurado. El “tirar” a la basura un objeto conlleva un placer para el sujeto. Un placer alienado en dos sentidos. Primero, en relación al consumo. Porque tirar algo a la basura habilita la necesidad de un nuevo objeto a consumir, produciendo así un placer anticipatorio del consumo futuro.
Pero hay un segundo placer alienado que se produce al “tirar” algo a la basura. Está vinculado a la basura como normalización, al funcionamiento del significante basura en la producción del orden de lo normal e higiénico. El disciplinamiento de los sujetos se logra a través de relaciones sociales normalizadas, que se hacen cuerpo en los sujetos en pautas de “higiene” y “orden”. El sujeto queda así constituido en el orden de la normalidad. Su referencia es la norma (Foucault, 2000) , una mixtura de precepto moral y un supuesto fundamento biológico que da forma a los sujetos independientemente del precepto jurídico. La normalidad no regula al sujeto sino que lo constituye, bajo el argumento de la norma. En este sentido normalizador hay que entender los preceptos médico-biológicos de higiene y orden. Y la basura cumple en este orden higiénico la función necesaria de condensar todo lo antihigiénico y desordenado. Si no hubiera algo como la basura ¿a dónde irían a parar las partes en des-orden?
Como antítesis lógica del orden normalizador, la basura tiene el estatuto –socialmente atribuido- de la exclusión, la suciedad, el desperdicio y la negatividad. Arrojar u objeto a la basura produce en el sujeto el placer alienado del orden repuesto y la normalidad recuperada. La basura demarca la línea de la normalidad. Lo normal es producir basura para preservar el orden. Una vez construida como tal, la basura es fetichizada como “asquerosa”. Su olor, su aspecto, su pringosidad, su mezcla promiscua de restos de placer no consciente, impersonalmente acumulados. El asco se inscribe en los cuerpos, co-constituyéndolos en sujetos “asquerosos”, es decir, susceptibles de asco a la basura, y por tanto, individuos normales. En este sentido, sostengo que hay una dimensión simbólica en la que la basura funciona como poder normalizador que circula entre los cuerpos.


El Estado del conflicto
Para entender la relación entre los quemeros y el CEAMSE, dado que éste último es una institución estatal, me parece indispensable explicitar el concepto de Estado con el que trabajo.
El desafío de una teoría crítica del Estado consiste en “desfetichizar” al Estado (Rajland y Campione, 2005), en desandar la visión del Estado como una persona o un sujeto, en descorrer el velo (Holloway, 110) que encubre al Estado como relación social de dominación.
Con O’ Donnell (1993: 65) sostengo que el Estado es un relación social de dominación, o más precisamente, el aspecto de dominación de todas las relaciones sociales. Relaciones éstas, que en la sociedad capitalista se caracterizan por la desigualdad entre quienes son propietarios de los medios de producción, y los que están desposeídos de éstos, de modo que se ven obligados a vender su fuerza de trabajo. Un componente de esta relación social, es la coerción. Cuando el polo subordinado de la relación (el asalariado, el desocupado) se rebela contra este orden, el polo dominante (el capitalista) recurre a la instancia de coerción, llamado “Estado” que “aparece” como un tercero neutral, que actúa en el sentido de restablecer la legalidad vulnerada, pero que en la materialidad de la relación social juega una complicidad estratégica con el polo dominante de esta relación. Queda así configurado el fetiche de un Estado que se presenta como una persona separada, como un tercero neutral ajeno a la relación social. Pero que en verdad no es sino la condensación reificada de ese aspecto de dominación de las relaciones sociales, que permanece latente, como precepto jurídica, durante el transcurso cotidiano de la relación, y se activa como instancia coercitiva, solo cuando es necesario reponer el orden.
Como parte de este funcionamiento fetichizado, el Estado (capitalista) aparenta un funcionamiento neutral, en defensa del bienestar general o del equilibrio del sistema. Ante el surgimiento de conflictos en las relaciones sociales, no puede actuar abiertamente como Estado capitalista, sino que solo puede hacerlo mediatizadamente, en forma encubierta, sosteniendo entretanto, el fetiche de tercero neutral. Es en esa instancia fetichizada, transitoria y medida, que las instituciones estatales condensan conflictos sociales, y devienen ellas mismas arena de conflicto (Thwaites Rey, 1999).
El CEAMSE, en tanto que institución estatal es la condensación institucional del conflicto capitalista de la basura en las relaciones sociales. En tanto que tal, tiene la función estratégica encubierta de proveer al proceso de acumulación capitalista, absorbiendo en el espacio público estatal, la negatividad conflictiva contenida en la basura. En este papel institucional de absorción del problema de la basura, el Estado se ve obligado, en la coyuntura actual, a variar su política macro. Trata de virar de un política de enterramiento a una gestión que mixture
· la técnica del relleno,
· con la minimización en la generación
· y la recuperación de basura,
a la par que intenta:
· evitar la aparición de conflictos ambientales,
· y descomprimir el conflicto social en torno a la basura.


El “poder cartonero”:
El frente de conflicto que significa para el Estado la presencia de quemeros en el relleno nos remite al problema de la emergencia de los cartoneros en la agenda política. La práctica del cirujeo existió desde la época colonial. Y la figura del ciruja ya puede reconocerse en el ranero y el culatero, que recuperaban materiales en la vieja quema de lo que hoy es Parque Patricios (Prignano, 1998 y Suárez, 1997). Con el incremento de la pobreza y la desocupación generado por la aplicación de políticas neoliberales en la década del 90, la actividad –que pasa a denominarse “cartonera”- cobra renovado impulso. A partir del año 2003 la tolerancia política respecto de los cartoneros tiene consagración legislativa, y el aumento de precio de las materias primas mantiene su auge en los años más recientes.
La actividad del quemero es un tipo particular de cirujeo, realizado en el propio basural (hoy relleno “sanitario”) al que en el lenguaje popular se lo sigue llamando “la quema”, pese a que solo accidentalmente puede prenderse fuego.
La especificidad del quemero es que cirujea, no por la calle, sino en el propio “yacimiento“ de basura. Allí, el recurso basura, se presenta a granel.
La pregunta que me hago es por qué, un contingente de individuos marginales, carentes de recursos materiales y simbólicos, aparecen como un problema para el Estado que es mucho más rico y poderoso.
Sostengo que la práctica ciruja en general, y la práctica quemera en particular, tienen una especificidad, un haber cultural, que no puede explicarse como mera carencia. Los cartoneros tienen un “poder” en esta trama relacional que nos permite entender el por qué del desenvolvimiento de este juego macro y micro político en torno a ellos.
El poder cartonero consiste en primer lugar en el traspaso de la normalidad. El ciruja rompe con el poder simbólico de la basura al transgredir la línea de la normalidad. Hace lo que los sujetos susceptibles de asco no pueden hacer: rompe la bolsa, traspasa el olor, separa la basura impúdicamente. El ciruja rompe con el fetiche de la basura, transgrede la normalidad, y como castigo recae sobre él la estigmatización, la condena simbólica (De Luca, 2007), el que transgrede la normalidad tienen algo de monstruoso, de resto inconsciente hecho carne, de retorno de lo reprimido. La sociedad normalizada “basuriza” al ciruja. Pese a este trato, el ciruja persiste en desenvolver esta estrategia de subsistencia, porque su actividad crea un valor.
El segundo haber del cirujeo es la creación de valor. El convertir en valiosos objetos y materiales que el entramado social capitalista “normal” ha excluido. El ciruja inventa (Suárez, 2001) valor donde no lo hay y de ese modo logra sobrevivir en un contexto que adverso que lo excluye.
La particularidad de esta creación de valor del recuperador, es que el proceso de trabajo tiene lugar fuera de la relación social capitalista. Los objetos son los mismos que estaban en la basura, pero al recuperarlo, la propiedad de esos objetos ha cambiado de titular. El ciruja se adueña del producto de su trabajo, obstando al capitalista de la apropiación del excedente. Sin perjuicio, claro está, que en tanto elemento subordinado en la formación social capitalista, se vea obligado después a intercambiar el producto de su trabajo en las redes de circulación del mercado capitalista, y en definitiva, termine siendo explotado por la clase capitalista propietaria.
Lo original del “poder cartonero”, la especificidad positiva de su haber cultural, es que impulsado por la necesidad biológica de encontrar una estrategia de supervivencia, transgrediendo la normalidad, y por fuera de la relación social capitalista, crea valor a partir de aquello que socialmente se le atribuye estatus de exclusión y disvalor. Con el agregado de contribuir positivamente al restablecimiento de una inserción ambiental colectivamente favorable.

Conclusiones:
En el desenvolvimiento de la lucha por la subsistencia que los quemeros llevan adelante en el relleno del CEAMSE de Campo de Mayo, se ponen en juego los distintos elementos que hemos Estado considerando. Si levantamos la cáscara cósica (Lukacs, 1970) de la basura y del Estado, lo que vemos es un entramado de relaciones en el que los quemeros, en tanto que subordinados, excluidos y dominados, recrean un poder que enfrenta la estrategia capitalista que tiende a basurizarlos. En tanto que del otro lado de esta trama social, si bien aparece el Estado como centro de imputación jurídica del poder político, yendo más allá, encontramos a los sectores dominantes, propietarios del capital, que ejercen un poder no estatal, que da sentido a este proceso conflicto, del cual son los únicos beneficiarios directos. Por último, la visión macro-política del caso, ha conformado a este punto una red relacional, social y política, que se extiende a toda la sociedad, porque esta en juego el ambiente, que es un bien político colectivo.

Bibliografía:

ADLER DE LOMNITZ, Larissa. (2003) “Cómo sobreviven los marginados”. Siglo XXI Editores. Buenos Aires. 15ª.Edición. México. P.22.
Alvarez, Raúl N. (2006). “Los quemeros y el Estado.” En http://www.poderyderecho.blogspot.com/
De Lucca Reis, Daniel, 2007, “Márgenes en el Centro. Calle, catación y basura en el centro de San Pablo”, En Pablo J. Schamber y Francisco M. Suárez (compiladores), Recicloscopio. Miradas sobre recuperadores urbanos de residuos en América Latina Universidad Nacional de General Sarmiento, Universidad Nacional de Lanús y Prometeo Libros, Buenos Aires. Página 59.
Foucault, Michael (2000) “Vigilar y Castigar. El nacimiento de la prisión”. Siglo XXI editores. México. p. 310.
Holloway, John: “La ciudadanía y la separación de lo político y lo económico”. Ediciones Fichas temáticas de Cuadernos del Sur (página 110).
Lukacs, Georg (1970) “Historia y Conciencia de Clase”. Instituto del Libro. La Habana. Página 110.
Marcuse, Herbert (1985). “El hombre unidimensional”, Planeta Agostini, Barcelona
MARX, Karl. (2008) “El Capital”. Siglo Veintiuno Editores. Buenos Aires. T.I, C.XXIII, 3: 380 y T.I, C.I 4: 87.
O´Donnell, Guillermo, “Estado, Democratización y Ciudadanía” Nueva Sociedad nro. 128, 1993, página 65.
Prignano, Ángel O (1998) “Crónica de la Basura Porteña”. Junta de Estudios Históricos de San José de Flores. Buenos Aires. Página 152).
Rajland, Beatriz y Campione, Daniel “Estado, Política e Ideología”, Editorial Estudio, Buenos Aires, 2005 página 9.-
Schamber, Pablo J. y Suárez, Francisco M. (2006) “Actores sociales y cirujeo y gestión de residuos. Una mirada sobre el circuito informal del reciclaje en el conurbano bonaerense”. Realidad Económica nro. 190
Suárez, Francisco (1997) “Breve Historia de la Gestión de Residuos Sólidos en la Ciudad de Buenos Aires.” V Congreso de Antropología Social.
Suárez, Francisco, 2001, “Actores sociales de la gestión de residuos sólidos de los Municipios de Malvinas Argentinas y José C. Paz”. Tesis de maestría de la Maestría en Políticas Ambientales y Territoriales, Facultad de Filosofía y Letras, Universidad de Buenos Aires. Página 57)
Thwaites Rey, Mabel (1999) “El Estado: notas sobre su(s) significado(s)” Publicación de la FAUD, Universidad Nacional de Mar del Plata, página 6.
Villanova, Nicolás “Reciclando plusvalía. Acerca de la explotación capitalista de los cartoneros” en El Aromo nro. 42, Buenos Aires, 2008.

[*] Abogado (UBA), Licenciado en Ciencia Política (UBA), Profesor en Docencia Superior (UTN). Docente Ayudante de la materia “Teoría del Estado” en la Facultad de Derecho, UBA. Maestrando en Ciencia Política, IDAES – UNSAM. lacasilladeraul@yahoo.com.ar

[1] Consultar información en técnica en la página web del CEAMSE http://www.ceamse.gov.ar/
[2] “Brutal represión contra familias que buscaban comida” en Rebelion.org del 29.8.04.
[3] “Buscan a un chico de 15 años en un basural de la CEAMSE”. Clarin.com del 18.3.04.
[4] “La CEAMSE abrió su primera planta para reciclar basura” en Lanacion.com.ar del 29.10.04
[5] Decreto Ley 9111 de la Provincia de Buenos Aires.
[6] Véase: GREENPEACE “Resumen de los Impactos Ambientales y sobre la salud de los Rellenos Sanitarios”. Buenos Aires. Mayo 2004. en http://www.greenpeace.org/
[7] “Con la Provincia ya hubo roces por la basura y los hospitales.” Clarin.com del 29.6.08.
[8] Art. 2.515. del Código Civil Argentino: “El propietario tiene la facultad de ejecutar, respecto de la cosa, todos los actos jurídicos de que ella es legalmente susceptible; alquilarla o arrendarla, y enajenarla a título oneroso o gratuito, y si es inmueble, gravarla con servidumbres o hipotecas. Puede abdicar su propiedad, abandonar la cosa simplemente, sin transmitirla a otra persona.”

miércoles, octubre 22, 2008

Prácticas ilegales
en la vida cotidiana
de un barrio marginal.
Por Raúl N. Alvarez


IX Congreso Nacional de Sociología Jurídica.
“De la ley a las prácticas. Confrontaciones
sociales por el uso del Derecho.”
Rosario 13,14 y 15 de Noviembre de 2008.
Sociedad Argentina de Sociología Jurídica.
Universidad Nacional de Rosario.
Comisión Nº 3: Delito, Castigo y Políticas de Seguridad.


La hipótesis que sostengo es que las prácticas ilegales forman una parte necesaria de las estrategias de supervivencia de la población de los barrios marginales. Ello se debe a que la variedad de necesidades insatisfechas, obliga a las personas que habitan estos barrios, a priorizar la satisfacción de lo básico, relegando a un segundo plano la cuestión de la legalidad o ilegalidad de estos modos de actuar.
La práctica del ilegalismo generalizado, vista desde el actor, encuentra entonces una racionalidad en el entramado de luchas macro y micro políticas que sostienen las desiguales relaciones sociales existentes. Esta racionalidad de las prácticas ilegales, deja a la vista, la inadecuación formal de las normas jurídicas positivas. El modo de vida de la población marginal, que dentro del esquema funcional del capitalismo globalizado es un elemento “sobrante”, queda así calificado como ilegal, en las relaciones de poder que el derecho expresa.- El derecho de unos, deja en la ilegalidad a los “otros” sobrantes.
En una primera parte voy a presentar los conceptos con los que desarrollo el trabajo: la marginalidad, el tipo particular de marginalidad del conurbano bonaerense, diferente del de los países centrales, y el concepto de práctica ilegal. Este último concepto, de raíz foucaulteana, voy a confrontarlo con la noción de ilegalidad y de derecho dominantes. Se tratará, en todos los casos, de un recorrido conceptual sucinto, limitado al objetivo de explicitar las herramientas conceptuales de trabajo.
En una segunda parte, que considero principal, voy a describir el caso concreto analizado: el Barrio 8 de Mayo, de José León Suárez, Partido de General San Martín, de la Provincia de Buenos Aires. Referiré brevemente las características e historia del barrio, para luego presentar los distintos tipos de prácticas ilegales que sus habitantes llevan a cabo diariamente para garantizar su subsistencia.
El método que utilicé para recoger la información es lo que se llama observación participante: a partir de mi involucramiento en la acción territorial como “abogado” de la organización, durante algunos años, pude recoger un bagaje de información y efectuar un conjunto de apreciaciones que forman la base empírica de este trabajo.
Finalmente, para cerrar voy a retornar a la hipótesis del comienzo, tratando de relacionar marginalidad, estrategias de subsistencia y derecho.


Los conceptos:
a) Marginalidad. Una conceptualización desde la periferia pobre। Diferencia con Castel.

Larissa Adler de Lomnitz sostiene que “la marginalidad se define estructuralmente por su desvinculación con el sistema de producción económico urbano industrial” (Adler, 2003:22). Esto significa que no se trata de un estadio transitorio hacia la inserción laboral. Y que tampoco se explica esta situación como “ejército de mano de obra de reserva” por una supuesta función reguladora de la tasa general de explotación del trabajo. En el contexto latinoamericano, esta marginalidad se da acompañada de extrema pobreza, de modo que la subsistencia material no se obtiene a través del mercado, sino a través de mecanismos redistributivos (Estatales, sociales) cuando llegan –si es que llegan- y básicamente a través de redes de intercambio recíproco (vecindad, amistad, parentesco, etc.).
Con fines puramente instrumentales, entonces, concibo la marginalidad como aquella masa de población o porción de la sociedad capitalista latinoamericana que al quedar excluida del mercado, debe desenvolver estrategias de subsistencia alternativas, a través del entramado de redes de relaciones sociales existentes en el medio en que vive (Svampa, 2004).
A partir de la aplicación de políticas de ajuste neoliberal, esta marginalidad territorializada, conforma una parte sustancial de la sociedad. Queda desplazada por debajo de la propia clase trabajadora, excluida incluso de ser considerada ejército de mano de obra de reserva (Marx, 2008, T.I, C.XXIII, 3: 380) Sobrevive fuera del mercado, y solo se conecta con éste a través de algunas “bisagras” (Schamber y Suárez, 2007: 38). En el caso de la Argentina específicamente, la sociedad capitalista queda dividida en dos grandes sectores: el integrado y el marginal. El mundo integrado funciona a partir de la dialéctica interna de explotación/ dominación y tiene como sentido la apropiación del excedente económico por los sectores /clases sociales dominantes. En tanto que el mundo marginal funciona a partir de la dialéctica integración/ exclusión, con relación al primero y tiene como sentido neutralizar la potencialidad política de la masa marginal, de modo que los sectores dominantes puedan reproducir su apropiación del excedentes y su hegemonía, dentro del mundo social de la integración.
Entre el sector integrado y el marginal existen puntos de comunicación, de intercambio y de inflexión. Son bisagras que articulan la subsistencia de una masa marginal, con el desarrollo de una estructura social de clases antagónicas en el campo integrado de la sociedad capitalista.
La masa marginal, para el modelo de acumulación neoliberal es población sobrante. Su óptimo económico sería “dejarla morir” (Focuault, 1996: 194). Pero esta tendencia no es expresa sino tácita, dado que sería inaceptable un consenso explícito acerca de semejante política. Lo que se intenta, entonces, es un acoplamiento como porción marginal neutralizada: integrar a los excluidos en tanto excluidos.
El concepto de marginalidad que manejo en este trabajo, es sustancialmente diferente de la noción de desafiliación o fragilización (Castel, 2005: 4) que tiende a explicar la marginalidad en los países centrales. El marginal argentino no es un desocupado, cubierto por un subsidio estatal cuyo principal problema es conseguir un nuevo buen empleo y capacitarse para ello, mientras esquiva la depresión psicológica que le produce una situación de “paro” transitorio. Al contrario, la marginalidad argentina es una situación estructural, permanente, masiva, sostenida desde el estado, y productora de redes de subsistencia e identidades sociales cuya potencialidad política es objeto de permanente disputa.

b) Práctica ilegal y derecho.
Por prácticas ilegales entiendo aquellas estrategias de subsistencia que llevan a cabo los individuos de la población marginal, que son calificadas como ilegales por el orden jurídico positivo. Para satisfacer sus necesidades básicas, esta masa de población desenvuelve un conjunto de acciones, en un entramado de redes sociales, que se encuentran por fuera de la circulación del mercado capitalista del sector integrado de la sociedad. En esta red de vínculos, el objetivo prioritario está puesto en la reproducción de las personas, en la satisfacción de sus necesidades básicas. La cuestión de la calificación legal de éstas, es un asunto secundario para los actores. Se desenvuelve así un tejido social marginal que el derecho “oficial” de la parte integrada de la sociedad, califica como violatorio de las normas positivas vigentes.
Al referir el término “necesidades básicas” no me limito a las necesidades vitales primarias, sino a una suerte de “piso” de requerimientos socialmente considerados como necesarios, que incluye el acceso a ciertos niveles de consumo, a medios de comunicación y a ciertos bienes fetichizados (como el teléfono celular) impuestos por el mercado y aceptados como “necesarios”.
El derecho no está conformado solo por la ley formal sancionada por el estado. Es más bien un componente, un aspecto –jurídico- de las relaciones sociales. Cada relación social tiene aspectos económicos, jurídicos, políticos, simbólicos, etc. En tanto la inmensa red de relaciones sociales es a la vez un complejo de relaciones económicas y políticas, el sentido del poder que circula por las mismas deja su marca en la calificación jurídica de las conductas. No obstante esta calificación ilegal, como esa relación material se encuentra orientada hacia cuestiones más prioritarias, el aspecto jurídico solo es relevante como marca del poder que viene de arriba, enfrentado con la resistencia material de quienes luchan por su supervivencia y llevan a cabo esas acciones de todos modos.
Dicho en términos de Foucault: El derecho es algo impuesto por unos contra los otros, solo un aspecto instrumental en la lucha que se libra al nivel de la materialidad política de los cuerpos (Foucault, 1991: 87).
Contra esta visión, la concepción dominante del derecho, postularía la descalificación de estas prácticas como ilícitas. Diferenciando lo que es la ley y su violación, el orden y la transgresión. La corriente formalista de las ciencias jurídicas, desarrollada a partir de la confrontación ser/deber ser de origen kantiano, que tiene como continuador iusfilosófico a Kelsen y que encuentra en Weber su referente sociológico, concibe el derecho como un orden jurídico formal cuyas vinculaciones internas son imputaciones de validez. Para esta tendencia dominante, la vinculación entre forma jurídica y práctica social es una cuestión irresoluble (Cerroni 1965:31) que es sobrellevada mediante categorías relativizadoras. Para Kelsen, por ejemplo, la eficacia es un presupuesto de la validez del derecho, pero “Para que un orden jurídico nacional sea válido es necesario… que los hechos sean, en cierta medida, conformes a este orden” (Kelsen 2006: 115). En términos semejantes, plantea Weber que para la sociología jurídica, la categoría de derecho implica que “exista en grado prácticamente importante la probabilidad de que una norma válida sea observada a consecuencia de la existencia de aquella coacción jurídica.” (Weber 1997: 253). En ambos autores el paso del deber ser al ser es remedado a través de un artificio probabilista y ecléctico ¿Qué se entiende por “en cierta medida” o “en grado prácticamente importante”? Más bien parece tratarse de recursos prácticos para evitar fundar un hecho que se da por supuesto: que el derecho regula la vida social. A partir de allí, la formalización de esas regulaciones, que en Kelsen llevan a purificar la ciencia jurídica y en Weber a explicar la función de calculabilidad racional que el derecho aporta a la acción. De acuerdo a esta visión el derecho tendría entonces una función “reguladora” de las relaciones sociales, externa a éstas, dando por supuesto que las prácticas se desenvuelven de acuerdo a la prescripción jurídica, que su trasgresión es sancionada coactivamente, y que éste funcionamiento es una función positiva al orden social.

Si la típica de la filosofía jurídica burguesa separa por un lado el deber ser formal consagrado en las normas positivas sancionadas por el estado, destinadas a regir un universo de inmediatez cosificada, y por otro lado la “facticidad de una situación jurídica… fundamento de su validez” (Lucaks, 1970:36), lo que ocurre con las prácticas ilegales de la población marginal, es que la facticidad de la situación jurídica no fundamenta sino que antagoniza con la validez legal formal.


El campo.
El Barrio: El caso que nos ocupa es conocido como “Barrio 8 de Mayo”, ubicado en Avenida del Libertador y Camino del Buen Ayre, Barrio Libertador, José León Suárez, Partido de General San Martín, en la zona Noroeste del Conurbano Bonaerense. Se encuentra emplazado frente a la entrada del Relleno Norte III del CEAMSE. Hacia un lado se encuentra “Villa Lanzone”, de la que se encuentra separado por un zanjón. Hacia el otro lado se encuentra el asentamiento “Nueva Esperanza” del que está separado por una laguna artificial. La entrada del asentamiento es por la Avenida del Libertador, la arteria principal del propio “Barrio Libertador”, del que se encuentra separado por una calle de asfalto.
La acción de asentamiento, acto político fundacional del barrio, tuvo lugar el 8 de Mayo de 1998. La misma fue posible por la particular coyuntura política que atravesaba el Municipio de General San Martín, que abrió una disputa entre diferentes dirigentes del Partido Justicialista local, situación que habilitó que algunos “punteros” y gente de diferentes zonas, emprendieran esta acción y pudieran sostenerla con éxito, aún contra el cerco policial, y la total ausencia de servicios básicos.
Los terrenos sobre los cuales se efectuó el asentamiento funcionaban como un basural clandestino, administrado por un puntero justicialista de la zona, que cobraba (y repartía entre sus padrinos) una comisión por cada descarga ilegal de basura. El primer conflicto que debió enfrentar este barrio fue justamente conseguir que no siguieran entrando camiones de basura y la descargaran sobre las precarias viviendas de la gente recién asentada.
De este proceso de asentamiento, resistencia y lucha, surge la organización territorial del Barrio, articulada a partir de delegados de manzana. Esta organización fue delineando la distribución de espacio sobre el territorio asentado, que fue diagramado en manzanas y terrenos. En virtud de ello, el barrio es un asentamiento y no una villa. Un asentamiento tiene calles, manzanas y terrenos. De modo que cada vivienda es edificada, sobre un terreno propio, lo que permite dejar espacios libres, entradas de luz, ventilación, etc. No presenta el hacinamiento propio de una villa en la que las viviendas o los ambientes son adyacentes unos a otros, se ingresa por pasillos, y crecen de manera espontánea sin planificación alguna. Esto lleva a la distribución laberíntica de las villas. El asentamiento, en cambio, a tener una cuadrícula y mayor disponibilidad de espacio, es menos proclive a la tugurización, más accesible a la instalación de servicios urbanos básicos, permite la circulación de automóviles, los terrenos tienen un creciente valor de reventa, con lo que los vecinos son más proclives a realizar construcciones de material y mejoras, que contribuyen a un proceso que va transformando el asentamiento en un tipo de urbanización más cercana al estándar de un barrio obrero.
El Barrio 8 de Mayo comprende 16 manzanas, en las que viven 1300 familias aproximadamente, estimándose su población en unas cinco a seis mil personas. El principal ámbito común del desenvolvimiento de la vida barrial es la organización territorial, que originalmente se componía del conjunto de los delegados por manzana, y que hoy funciona como asociación civil “Proyecto Comunitario 8 de Mayo”. Si bien en los primeros años del barrio, la acción de lucha por excelencia de la organización fue el corte de ruta, desde el año 2004 en adelante no se ha utilizado esta medida, restringiendo su actuación a la participación barrial, la distribución de subsidios y prestaciones sociales de origen estatal, la realización de talleres y la motorización de emprendimientos sociales y organizativos de nuevo tipo. El emprendimiento más importante es una planta de separación de basura, de pronta inauguración, ubicada el CEAMSE, que va a ser operada por la propia organización barrial con criterios socio-productivos sumamente originales.
Con la consolidación del asentamiento, y el mejoramiento de la situación socioeconómica general de la economía Argentina, el barrio fue cambiando. Buena parte de sus ocupantes originales vendieron sus parcelas a migrantes de origen paraguayo. Estos nuevos adquirentes, en general, han realizado construcciones de material de buena calidad. Suelen trabajar solidariamente y en conjunto, lo que deja a la vista su rápido crecimiento. Pero son poco propensos a participar de las actividades barriales, de modo que la organización 8 de Mayo, si bien tiene un fluido contacto con ellos, no logra contenerlos.
Las características socioeconómicas generales del Barrio son la pobreza, el desempleo generalizado, la desvinculación casi completa de cualquier cobertura social de salud. Rara vez se encuentra un vecino con empleo en blanco. Los que consiguen trabajo, lo hacen en al construcción o en el servicio doméstico. La mayoría vive de changas, y sobre todo, del cirujeo. Buena parte de la población subsistió históricamente del cirujeo en la quema, es decir, en el relleno de basura del CEAMSE, cuya entrada se ubica del otro lado del Camino del Buen Ayre. El tránsito y estacionamiento de carros y carretas de cartoneros y sus caballos es parte del paisaje cotidiano en 8 de Mayo. La población sufre todo tipo de enfermedades, de las que no existe un registro sanitario ordenado. Su seguimiento depende de la buena voluntad del personal del Centro de Salud nro. 6 de Barrio Libertador, ubicado a unas diez cuadras del asentamiento.


Prácticas ilegales.
Las principales prácticas de ilegalismo observadas son las siguientes:
Ocupación ilegal de tierras: Esta es la acción fundacional del barrio. El asentamiento se crea a partir de una acción política de asentamiento, que puede ser entendida como el modo espontáneo por el que lo sectores populares cubren sus necesidades de vivienda ante el cierre de acceso que el mercado de tierras presenta, y la ausencia de acción pública al respecto.
Pero no se trata de cualquier tierra. Hubieran querido, lo ocupantes originales que su suelo hubiera sido de tierra. Al momento del asentamiento, ese lugar era un basural clandestino, cubierto por varios metros de basura en descomposición. La acción de ilegal de asentamiento, se inscribe así en una trama de ilegalidad preexistente, y entra en disputa con los poderes (ilegales) de hecho que existían sobre ese mismo territorio (Shammah 2007).
Si bien esos poderes de hecho, en algún momento son derrotados por la organización territorial, desde entonces, los pobladores de 8 de Mayo van a cargar con la desventaja de ser “ocupantes ilegales”: no tienen títulos, no están habilitados para pedir servicios, no entra el correo a repartir correspondencia, etc.
Enganchados de la luz y del agua: Tanto el tendido de la red de distribución de energía eléctrica como de la red de agua corriente original (que solo funciona parcialmente) se encuentra “enganchado” ilegalmente de las redes oficiales de las empresas de electricidad y de agua.
El tendido de los cables de electricidad fue “arreglado” con personal vinculado a la empresa que “conseguía” y cobraba por cada conexión domiciliaria. Es una suerte de pequeña empresa ilegal, que provee los cables oficiales de Edenor y los postes, luego los tiende, e instala el cable de entrada de electricidad en cada domicilio por el valor de $ 180 por casa. Claro está que no requiere del vecino la preparación de medida de seguridad, planos ni documentación de ningún tipo.
Esta es la manera más económica –y la única- que tiene los vecinos de acceder al fluido eléctrico, dado que con un pago de $ 180 se evitan el pago periódico de la factura de electricidad. El problema que presenta es que en períodos de algo consumo, la luz se corta, justo en el horario en que más se necesita. Por épocas se realizaban cortes desde las 19 hasta las 24 horas, todos los días. Pero vale aclarar que estos cortes también los sufre el barrio de al lado, el “Barrio Libertador” que si paga la luz.
La red de agua fue “enganchada” clandestinamente de la red oficial. Fue tendida por los propios vecinos de manera precaria. En muchas veredas y calles se observa el caño a la vista. Presenta pinchaduras en buena parte de su recorrido, lo que produce una mezcla con la basura allí enterrada y contamina toda la red de agua. Se considera que ese agua no es potable en 8 de Mayo.
Durante el verano, cuando disminuye la presión de agua en toda la ciudad, en 8 de mayo se corta el agua. De ahí que este servicio sea considerado parcial en este barrio.
Asimismo, la red no cubre todas las manzanas y no entra a todas las casas. Para sobrellevar esta situación, en la puerta del comedor de organización, está instalada una canilla pública, de la que los vecinos sacan agua mediante baldes y bidones.
Desde ya que el servicio de provisión de agua es gratuito.

Empresa de Video Cable Trucha: Al lado de los cables de electricidad corren los cables de una empresa clandestina de videocable. Esta empresa toma ilegalmente la señal de la empresa de cable oficial, y lo redistribuye en el barrio. Para ello cobra –a Marzo de 2008- $ 40 por casa. Y si el vecino abonado no paga, el personal de la empresa procede a cortar el cable, del mismo modo que lo haría una empresa legal. Demás está decir que los vecinos se enganchan entre sí del cable. Es decir que roban señal a la misma empresa que se los provee ilegalmente.
Pero este negocio está en franca disminución. Ya fue interrumpido en los barrios aledaños. No porque las respectivas empresas hayan sido descubiertas y sancionadas, sino porque la empresa Cablevisión adoptó una medida más dura: codificó / digitalizó la señal, de modo que ya no puede ser robada –al menos hasta ahora- por las pequeñas empresas clandestinas.

Perforación comunitaria de agua clandestina: Como durante el verano la red no provee agua, la organización consiguió un subsidio municipal y con ello realizó una perforación e instaló una bomba, que provee agua a dos tanques comunitarios, que alimentan cinco canillas públicas, ubicadas a un costado del comedor del Centro Comunitario. Este servicio comenzó a funcionar en el verano del año 2008. La organización se vuelve a convertir en la proveedora central de servicios vitales para los habitantes del barrio. Reemplaza así la función que se supone habría de cumplir el Estado. Para ello se ve obligada a recurrir a la violación del artículo 6 del reglamento del usuario (Resolución 83/98 del ETOSS) que prohíbe el uso de perforaciones particulares para obtener agua de las napas, en la zona cubierta por el servicio de agua corriente. Paradojalmente, para llevar a cabo esta acción ilegal, pero vital, cuenta con el apoyo de otra rama de la organización estatal, que el Concejo deliberante, políticamente enfrentado con el Intendente Municipal.

Ilegalidad de las condiciones de trabajo: solo una minoría de los pobladores del barrio tiene trabajo asalariado “en blanco” (debidamente registrado). Y solo unos pocos más consiguen trabajo “en negro” (no registrado). La mayoría del trabajo en negro de los hombres se realiza en la construcción, por lo que es inestable y temporario. Las mujeres, por su parte, suelen conseguir trabajo como empleadas domésticas, en casas de familia, también en negro.
Buena parte de la población en edad laboral activa se ocupa en “changas”, es decir en tareas transitorias, sin ningún tipo de registración. Y la otra porción significativa, se desempeñan como cartoneros o cirujas, una actividad informal por excelencia, que fue “inventada” por los propios trabajadores marginales, que de tanto andar, terminan haciéndose un medio de vida. Una subespecie de estos cirujas, son los quemeros, o personas que cirujean en la quema. Diariamente entran al relleno del CEAMSE cercano entre 500 y 1000 personas, procedente de los barrios marginales ubicados al costado del Camino del Buen Ayre, uno de los cuales, el más cercano, es 8 de Mayo. La particularidad actual de estos “quemeros” que cirujean en la quema, es que son en su mayoría chicos. Existe aquí una superposición de ilegalidades: trabajo no registrado, trabajo infantil, sobre territorio prohibido, sobre objetos cuya facultad de apropiación no está jurídicamente clarificada, y que se realiza en condiciones sanitarias infralegales.

Indocumentados: Buena parte de los pobladores de 8 de Mayo no tiene documentos. Hay dos grandes subclases de indocumentados: los extranjeros (sobre todo paraguayos) que permanecen en el país sin tener regularizada su situación, y los no inscriptos.
Sobre este último caso he desarrollado mi principal actividad en la organización, patrocinando casos de inscripciones de nacimiento fuera de término. Se trata de personas cuyos nacimientos nunca fueron inscriptos. No tienen certificado de nacimiento, y en consecuencia, tampoco tienen documento de identidad, por lo que no pueden acceder a ninguno de los derechos que requieran de la acreditación de identidad para ser ejercido. En su mayoría son menores de edad, niños y adolescentes, que no pudieron ser inscriptos en razón de la situación económica, social y familiar de sus padres.
Estas personas ven afectado seriamente el desempeño de su vida cotidiana, y llegan en algunos casos a internalizar pautas de conducta en función de esta situación. Como no tienen documentos, tratan de no salir del barrio donde son conocidos. Si son detenidos por la policía tienen problemas para recuperar su libertad dado que no pueden ser identificados. Entonces, de motu propio, por precaución, reducen su libertad ambulatoria. Al cabo del tiempo, se nota que no conocen las localidades de alrededor, no viajan a la Capital Federal, desconocen el uso del transporte público de pasajeros, etc. Cuando llegan a la edad laboral, no pueden conseguir trabajos remunerativos. Si tienen hijos, éstos a su vez no pueden ser inscriptos, con lo que el problema se amplifica.

Marcas Truchas: La adquisición y uso de vestimenta que presenta marcas falsificadas es un hecho común en 8 de Mayo. No es novedad que esta es una práctica extendida en el consumo de los sectores populares. Esto ha dado lugar a la instalación de grandes ferias, la más conocida de todas “la salada”. Pero en todo el conurbano se forman ferias informales de este tipo. Las más cercanas a 8 de Mayo son la “Fericrazy” ubicada sobre Ruta 8, y la feria de fin de semana que se forma sobre Avenida del Libertador, en el barrio homónimo. Lo notable es que todos saben que la marca de esas prendas está falsificada. La ropa sería igualmente útil sin dicha marca. Pero la fetichización de la marca llega a tal punto que resulta preferible una prenda con marca “trucha” a tener la misma prenda sin marca.

Venta de terrenos “sin papeles”: Tal como dijimos al comienzo, la ocupación de la tierra es de carácter ilegal. Dichos inmuebles, inexistentes en el Registro catastral, carecen a su vez de escritura de propiedad. Pero ello no obsta a que los terrenos las viviendas en ellos edificados, sean vendidos o alquilados. Se produce así un tráfico jurídico sumamente informal. Muchas veces las casas son vendidas “de palabra”. En otras se suscribe un precario “boleto”. La mayoría de los alquileres son “sin contrato” como suelen decir. ¿Son lícitos estos contratos, si la apropiación original es ilícita? Sostengo que si. La base del derecho de los ocupantes es la posesión, reconocida por los arts. 2351, 2363 y 2377 del Código Civil Argentino. El dato que es relevante a los efectos de nuestra investigación, es que la práctica jurídica de los sectores populares, en este caso, corre por fuera de los tipos contractuales establecidos por el mencionado código. Si bien en este caso pueden encuadrarse en alguna figura residual, como la de “cesión de derechos” es indudable que la generalización de estas prácticas y la costumbre dan lugar a una figura jurídica que el código no contempla.

Ilegalidad impositiva: No estamos descubriendo nada nuevo, si recordamos que esta población no paga impuestos directos de ningún tipo. Ni impuesto a la propiedad inmobiliaria, ni Tasa Municipal de Alumbrado, Barrido y Limpieza. Las actividades que desarrollan, por su parte, no tributan ni el impuesto a los ingresos brutos ni el impuesto a las ganancias.

Acción política ilegal. Si bien han abandonado la práctica del corte de rutas desde 2004, no puede dejar de mencionársela, dado que ha sido la principal herramienta de lucha de la organización barrial, y la que les ha permitido constituirse como tal. Sin avanzar en esta práctica calificada como ilegal por los poderes establecidos, no hubiera siquiera sido posible la existencia del barrio.

Venta de bienes de origen ilegal. Es común la venta y circulación de bienes usados entre los pobladores del barrio. Estas transacciones no hacen diferencias acerca de la legalidad de origen de los bienes. De modo que al comprar un teléfono celular usado, una bicicleta, o un televisor, la mercadería que se traspasa bien puede tener origen en hechos delictivos, sin que tal situación sea tenida en cuenta por quienes la adquieren. La ventaja que presenta para los pobladores, es que el precio de los productos es sensiblemente más bajo que el que se paga en los ámbitos de comercialización habituales.

Inaccesibilidad policial y judicial. La zona, al igual que la mayoría de los asentamientos y villas, está caracterizada como “de alta peligrosidad” por la Oficina de Mandamientos y Notificaciones del Departamento Judicial San Martín. De modo que los Oficiales de Justicia no ingresan al Barrio y devuelven las diligencias indicando que se debe contar con el auxilio de refuerzos policiales para su efectivización. Por su parte, la policía, suele poner obstáculos cuando llega el momento de practicar diligencias en esta zona. Y en general, existe poco patrullaje policial en el lugar. Del lado de los vecinos, por su parte, se observa una actitud defensiva respecto de la policía, a la que no consideran un agente del orden sino un personaje privilegiado en la práctica de la ilegalidad. Los casos de corrupción policial, sumarios “dibujados”, abusos de autoridad, y “gatillo fácil” hacen que la presencia policial en el lugar sea resistida.

Delincuencia profesional: Finalmente encontramos el mundo del delito profesional propiamente dicho. 8 de Mayo parece caracterizarse por un bajo nivel de presencia de estos personajes. El fuerte poder territorial de la organización barrial funciona de alguna manera como paraguas protector que impide el arraigo de mafias como sí existen en otros barrios aledaños. No obstante ello, es sabido que conviven en el barrio jóvenes dedicados al robo, al tráfico y consumo de drogas, y a actividades delincuenciales en general. Sobre todo en horas nocturnas, el barrio se convierte en un territorio de cierta inseguridad, aún para quienes lo habitan.


Conclusión:
El relato de los hechos observados, es sin duda el principal contenido de esta ponencia. Un ejercicio ciertamente catártico, para quienes estamos acostumbrados a vivir en el sector social integrado de la Argentina. Muy pocos de los conceptos jurídicos que sirven a la práctica profesional habitual del abogado pueden ser de aplicación directa en el ámbito de la marginalidad.
Las prácticas ilegales relatadas, no solo son reales, sino que para constatarlas basta con dirigirse a cualquier otro barrio marginal del Conurbano Bonaerense. Por asombroso que pueda parecer, estas personas desenvuelven su vida en una red de relaciones que en buena medida son calificadas como ilegales por el orden jurídico positivo. La primera observación que nos surge es acerca de la racionalidad de estas prácticas. No se trata de “conductas desviadas” que pretenden atentar contra el orden establecido. Sino que expresan la necesidad vital de alimentarse, subsistir y reproducirse. Es la vida misma que para perdurar, se ve obligada a transgredir las marcaciones que la ley positiva le impone. Es la fuerza de la vida contra el derecho, que en caso de aplicarse, sería un camino hacia la muerte. La práctica ilegal generalizada en la marginalidad, es una opción racional por la vida.
La segunda conclusión es que el papel que juega el derecho entonces, no es el de un ordenador imparcial y previsible. No se trata de un poder público estatal universal, sino que ante la población marginal de las sociedades capitalistas latinoamericanas, el derecho y el estado aparecen como el poder de “los otros”, contra “nosotros”. La ley está marcada por el poder, en un juego desigual, en el que por el solo hecho de respetar las reglas, el marginal está destinado a perder, es decir, a dejarse morir.
La marginalidad, entonces no es un conglomerado de “anormales” y “desviados” que han optado por la senda de “la mala vida”. Al contrario, en el territorio social de la marginalidad, se inventan y construyen permanentemente estrategias de subsistencia alternativas al mercado capitalista, que forman un entramado social complejo y diferenciado de la sociedad “integrada”, y que requiere ser visto “desde abajo” para comprenderlo.
En tercer lugar, por obvio que parezca, hay que destacar que las prácticas de ilegalismo que se observan en el modo de vida cotidiano de la población marginal desmienten el supuesto de que lo jurídico rige lo social. Al contrario, la población marginal desenvuelve sus prácticas de subsistencia en contra de las prescripciones del derecho positivo. Este es su modo habitual y corriente de desempeño. Y el derecho vigente es un obstáculo que se le sobreimpone esporádicamente.
Nos surge entonces una pregunta conclusiva ¿Por qué el estado y el derecho dejan subsistir a una parte de la población en un territorio demarcado como ilegal? ¿Cuál es el sentido estratégico de ilegalizarlos? Como el estado de derecho no puede “matar” por acción, se limita a dejar morir por omisión. Si la población marginal subsiste es gracias a su propia resistencia creadora. Frente a la cual, el poder estatal solo puede marcarla como ilegal, con el efecto funcional de dejarlos en la inseguridad. A la pobreza material y simbólica, se agrega entonces la inseguridad jurídica. El marginal siempre es un extranjero en la ciudad integrada, parece otra raza, y es tratado como tal. Forzosamente queda a la defensiva ante los poderes del estado y de las clases dominantes, de modo que desde el principio, esté destinado a perder.

Raúl N. Alvarez. Otoño – Invierno 2008.


Bibliografía.
ADLER DE LOMNITZ, Larissa. “Cómo sobreviven los marginados”. Siglo XXI Editores. Buenos Aires. 15ª.Edición. México. 2003.
CASTEL, Robert. “Estado e Inseguridad Social”. Subsecretaría de la Gestión Pública de la República Argentina. Buenos Aires, 3 de Agosto de 2005. En http://www.sgp.gov.ar/contenidos/uci/conferencias/docs/Robert_Castel_Estado_e_inseguridad_social.pdf
CERRONI, Umberto. “Marx y el derecho moderno”. Jorge Alvarez Editor. Buenos Aires, 1965.
FOUCAULT, Michel. “Saber y Verdad”. Ediciones La Piqueta. Madrid. 1991.
FOUCAULT, Michel. “Genealogía del Racismo”. Editorial Altamira. La Plata. 1996.
KELSEN, Hans. “Teoría Pura del Derecho”.Eudeba. Buenos Aires, 2006.
LUCAKS, Georg. “Historia y Conciencia de Clase”. Instituto del Libro, La Habana, 1970.
MARX, Karl. “El Capital”. Siglo Veintiuno Editores. Buenos Aires. 2008.
SCHAMBER, Pablo J. y SUAREZ, Francisco M. “Cartoneros de Buenos Aires. Una mirada general sobre su situación”. En “Recicloscopio. Miradas sobre recuperadores urbanos de residuos en América Latina”. Pablo J. Schamber y Francisco M. Suárez (compiladores). Universidad Nacional de General Sarmiento, Universidad Nacional de Lanas y Prometeo Libros. Buenos Aires. 2007.
SHAMMAH, Cinthia. “Territorio Basura”. Ponencia presentada ante el Primer Foro y Congreso Internacional de Políticas de Reciclado en Grandes Urbes. Buenos Aires, 27 al 29 de Septiembre de 2007.
SVAMPA, Maristela. “Cinco tesis sobre la nueva matriz popular” Lavboratorio/n line. Revista de Estudios Sobre Cambio Social. Año IV, número15. Primavera 2004.
http://lavboratorio.fsoc.uba.ar/textos/15_6.htm
WEBER, Max. “Economía y sociedad”. México: Fondo de Cultura Económica. 1997